El rechazo de Junts per Catalunya a la senda fiscal enfurece a los republicanos
Sin la senda de déficit, no podían existir los Presupuestos ni, probablemente, la legislatura. Su respaldo ayer en el Congreso allana el camino para que las cuentas públicas estén listas en junio. La abstención de ERC y EH Bildu fue determinante y despejó muchas dudas en la coalición gubernamental. Con el diálogo sobre Cataluña recién iniciado, el voto de Esquerra fue un claro gesto a favor de la estabilidad política. No hubo nada similar en Junts per Catalunya, que votó en contra de la senda fiscal, lo que provocó la indignación de los republicanos. La oposición denunció presuntas "cesiones" al independentismo a cambio de los presupuestos.
El primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ya está dado. El Congreso aprobó ayer el objetivo de déficit para 2020, fijado en un 1,8% del producto interior bruto (PIB), junto con el resto de metas fiscales, que se reducirán gradualmente hasta 2023. La abstención de ERC y Bildu fue clave para que los votos a favor superaran a los en contra: 168 síes, frente a 150 noes y 19 abstenciones. Al menos una decena de parlamentarios de la bancada de la derecha faltaron al Congreso en una votación que podría haber sido crucial para el futuro de la legislatura. Los republicanos advirtieron, no obstante, de que su abstención no busca facilitar la aprobación de las cuentas del Estado, sino "dar una oportunidad" a la mesa de negociación que comenzó el miércoles entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. A pesar de esa mesa, Junts per Catalunya votó en contra. Nada de lo que hacen estos dos grupos, ERC y Junts, deja indiferente al otro: el rechazo de los diputados que siguen las directrices del presidente de la Generalitat, Quim Torra, causó consternación en las filas republicanas, que no esperaban ese movimiento. El resultado es que ERC quedó retratado como "el grupo que apoya a Pedro Sánchez a cambio de nada", señalaron a EL PAÍS fuentes de este partido: los republicanos consideran que la postura de Junts busca dejarlos en evidencia ante el electorado independentista.
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En la práctica, las incertidumbres de la frágil estabilidad política española comienzan a disiparse en la primera prueba realmente seria de la legislatura. El PSOE logró ayer obtener un voto más que en la sesión de investidura de hace apenas unas semanas, cuando los síes fueron 167. Con ese respaldo, Pedro Sánchez superó el primer obstáculo en el camino hacia unos Presupuestos que reemplacen a los elaborados por el Gobierno del PP, que ya van por su segunda prórroga. Al voto afirmativo de los diputados del PSOE y Podemos se sumaron la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el parlamentario cántabro José María Mazón, que en enero se opusieron a la investidura. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, también respaldaron el nuevo objetivo de déficit.
Salvo esas excepciones, los argumentos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo convencieron a los ya convencidos. Montero subrayó la necesidad de actualizar las cuentas de las Administraciones central, autonómica o local, con el ciclo económico muy alejado de la expansión de 2017. La titular de Hacienda también pidió a los independentistas margen de confianza para que el Gobierno pueda continuar con el diálogo sobre Cataluña. "Si votan no, después no hagan demagogia contra el Gobierno por no tener sensibilidad con las necesidades de las autonomías", advirtió. El respaldo a la senda de déficit sienta las bases para actualizar pensiones no contributivas y ampliar los permisos de paternidad, entre otras muchas medidas.
Casado ve cesiones
La bancada de la derecha no se salió del guion. Los argumentos para votar en contra del PP, expresados por su portavoz económica, Elvira Rodríguez, se basaron en la incredulidad de esa formación respecto a las previsiones del Gobierno, especialmente las de ingresos y déficit. Tampoco vieron nada positivo el portavoz económico de Ciudadanos, Marcos de Quinto, y la parlamentaria de Vox Inés Cañizares. La derecha da por hecho que Bruselas no aceptará las cuentas públicas de España por considerarlas inverosímiles. A los noes se sumó también la CUP; entre las abstenciones estuvo Bildu.
Una vez concluido el pleno, el presidente popular, Pablo Casado, anunció en tono grave la petición de comparecencia de Pedro Sánchez para que explique "las concesiones a los independentistas a cambio de los Presupuestos". Sánchez agradeció los votos favorables y proclamó que con estos números se impulsa la economía "y se avanza en justicia social".
La solidez de las metas fiscales, en el aire
El Congreso aprobó este jueves la nueva senda de estabilidad, el primer paso para sacar adelante el presupuesto. Nadie se atreve a resolver el problema del déficit: 2019 se cerró con un desfase en torno al 2,5% del PIB (España, en otras palabras, gasta casi 3.000 millones más de lo que ingresa), y el objetivo para 2020 es algo más suave que el previsto (1,8% del PIB, cifra que se irá reduciendo gradualmente en adelante). El Gobierno puede haber pecado de cierto optimismo —sobre todo en relación con lo que espera recaudar— por los nubarrones virales que acechan a la economía.
España no tiene colchón para permitirse alegrías, pero el Ejecutivo también anunció el nuevo techo de gasto, que le permitiría gastar algo más: unos 6.000 millones adicionales. El techo de gasto es el límite de gasto no financiero (sin intereses de la deuda) que pueden alcanzar las Administraciones cumpliendo las metas fiscales. El gasto solo puede aumentar si suben los ingresos, y el Gobierno prevé elevar IRPF, Sociedades, impuestos verdes y crear las tasas Google y Tobin. Teniendo en cuenta que el presupuesto no se aprobará, como pronto, hasta el verano, el incremento de la recaudación no está claro. El de los gastos sí: para abrir boca, en enero ya se han subido las pensiones y el sueldo de los funcionarios (que suman 5.000 millones más), y es posible que los compromisos con los nacionalistas obliguen a elevar más el listón.
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